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Como citar este texto
Varela, Cristián (ed.) Los fundamentos de la institución policial en W. Benjamin, 2008. Disponible desde http://www.cristianvarela.com.ar/textos/analisis-institucional-y-posmodernidad


Los fundamentos de la institución policial en W. Benjamin

Cristián Varela, Julio 2008

Introducción

Existe respecto de la cuestión policial un considerable retraso en la discusión intelectual y la producción académica. En la región, la más reciente bibliografía sobre el tema no deja de remarcar la ausencia de desarrollos teóricos y debates más o menos profundos sobre el problema de la seguridad ciudadana y la función policial. Más allá de las oportunidades en que la cuestión es considerada durante las campañas electorales -con la ligereza y desvirtuaciones que suele haber en esos debates- y de las ocasiones en que un hecho de sangre es puesto en letras de molde y luego retomado como columna de opinión por la propia prensa, la función policial aparece como una dimensión ciega para la razón analítica. Esta desconsideración, en el mejor de los casos remite la cuestión policial a un rango menor dentro de la Sociología o de la Ciencia Política. Pero de ordinario el tema es tenido como algo externo al saber académico, cuadro que resulta llamativo en países y sociedades donde el retorno de los gobiernos democráticos durante la década de los ’80 se dio de la mano de un recurrente debate sobre la violencia, el rol del estado, los procesos de victimización y discriminación, así como sobre los derechos y las libertades ciudadanas y humanas. Pues dentro de un marco tal, el tema se encuadraría como yendo de suyo. Incluso en contextos políticos estables la cuestión policial amerita ser debatida en profundidad. Pues, como lo expresa Hélène L’Hulliet (2001), el tema recubre el campo real de la política, ya que lo efectivo en ésta última es lo que se sitúa a ras de la realidad social, antes que en supuestas alturas ideológicas[1].  Sin embargo, a pesar de que en aquel debate, y en la realidad efectiva de todos los días, casi todo roza esa cuestión, casi nada la incide. Sin entrar en el análisis de ese olvido, se trata aquí de intentar poner en superficie la gravedad que encierra para la vida social y política de una sociedad, así como para la condición humana concreta en ella, la existencia de la institución policial, tal como ella existe.

Un ciudadano que se mueve en el plano de las igualdades democráticas, pero muñido de un poder material ‒con cobertura legal‒ de vida y muerte, es la imagen simple y cotidiana que debe colocarse en el portaobjeto para ser investigada. A partir de esa instantánea, sin dejar que la saquen de foco los argumentos jurídicos ni los del sentido común ‒impulsados por el natural sentimiento de autoconservación y los temores a él asociados‒ debe indagarse la razón y forma de ser la institución policial. Luego cabe la pregunta sobre el tipo de formación que se requiere para tal ciudadano, en el contexto de una reforma de dicha institución. 

1.-

Al igual que muchas otras instituciones de la modernidad, las policías se asemejan bastante entre sí. Lo hacen en correspondencia con una forma universalizada cuyo origen se sitúa en el occidente europeo del siglo XVIII. Es ahí y entonces donde surge el modelo policial moderno, en un proceso de conformación que acompañó al de constitución de los estados-nación. En el origen de la institución se hace presente una estrategia destinada a reunir bajo un mismo mando a diversas facultades y funciones de policía, las que hasta entonces se hallaban dispersas en distintos cuerpos reales, así como en órdenes y poderes religiosos, cuando no burgueses. A la vez, el nuevo mando que así se conforma pasa a situarse más cerca del poder monárquico y de sus cámaras de justicia. Este movimiento, destinado ante todo a intentar ordenar la creciente complejidad que el aumento de población y actividad económica crean en ciudades como París y Londres, se inscribe a su vez en un proceso de concentración del poder real, en desmedro de los religiosos y nobiliarios.

A pesar del tiempo transcurrido y de las modificaciones que trajo aparejada la adopción del modelo por parte de distintos estados, la concentración de poderes presentes en el origen de la institución es lo que pareciera conservarse como su núcleo más duro. Este aspecto es lo que lleva a Walter Benjamin a referirse al carácter “ignominioso” de la policía, habida cuenta la forma de violencia que en ella se condensa (1921: 13). La crítica que hace de la violencia no apunta a ésta como hecho en sí, sino en tanto medio para alcanzar fines de índole jurídica. En tal sentido, define como violencia al uso de la fuerza teniendo como fin el orden de las cosas regladas por el derecho y las costumbres. Construye su análisis sobre base de la distinción que el derecho positivo hace entre la violencia ejercida en nombre de un poder reconocido, y aquella que carece de sanción legítima donde sustentarse. Distinción, por ejemplo, entre la violencia que ejerce la policía como medio para garantizar la ley, y la que ejerce algún particular para alcanzar fines que se hallan regulados por el derecho (vg. la propiedad). Pero Benjamin se sustrae de la órbita del derecho y eleva la cuestión al plano de la filosofía de la historia para plantear que adoptar una división tal no supone avalar las valoraciones que ella implica. Pues a diferencia del derecho positivo ‒para el cual resulta legítimo todo poder constituido que posea un origen histórico, que se sustente en tradición, y respecto del cual exista sumisión pasiva‒ para el filósofo se trata precisamente de someter a crítica lo hecho por la historia respecto de la constitución del poder jurídico y la organización de la violencia legal.

Sobre base de la distinción entre formas legítimas e ilegítimas de violencia (vg. la policial y la particular) plantea Benjamin que en nuestras sociedades el poder constituido como orden jurídico tiende a erradicar toda acción violenta de manos particulares. Esto se realiza mediante el expediente de transformar en bienes jurídicos a aquellas cosas respecto de las cuales exista tendencia en los individuos a lograrlas por la fuerza, como es el caso de la propiedad, la herencia, el uso de los recursos naturales, etc. Mirando más atrás, el mismo procedimiento puede observarse en el surgimiento histórico de la mujer legítima o en la legendaria interdicción a acapararlas que Freud sitúa en el origen de la organización social. Si ello es motivo de violencia, ello debe ser regulado por la ley (Freud, 1912-3).

En la organización jurídica de la modernidad occidental los objetos así reglados pasan a ser custodiados por el estado y, por tanto, en relación con ellos, sólo éste puede ejercer la violencia, lo cual hace cuando prohíbe, allana, incauta, obliga, penaliza, encierra, etc. De modo que aquello que el orden jurídico custodia no son tanto los bienes en sí, cuanto la violencia que puedan despertar. En el plano del derecho las cosas no interesan por lo que puedan valer o significar, sino por la violencia que puedan suscitar; esta última es su objeto de fondo. Más aún, cuando Benjamin plantea que “el derecho considera que la violencia en manos de personas individuales constituye un peligro para el orden legal”, no sólo está ubicando a la violencia en el centro de las preocupaciones del derecho, sino que además está precisando que ella preocupa por cuanto amenaza al orden jurídico. Con lo cual, el objeto último que interesa termina siendo el propio orden legal establecido.

“Podría tal vez considerarse la sorprendente posibilidad de que el interés del derecho, al monopolizar la violencia de manos de la persona particular, no exprese la intención de defender los fines de derecho, sino, mucho más así, al derecho mismo” (1921: 26).

El punto, pues, donde se condena la violencia particular no es estrictamente por el daño físico que produce, sino por el desafío al orden legal que ella implica.  Aunque el monopolio de la violencia por parte de un poder constituido resulte una estrategia eficaz para reducir los daños que por si sola causa, no por eso debe cerrarse oídos a la evidencia que Benjamin expone respecto del interés primario en concentrarla y legitimarla.  Se persigue al delincuente por el desafío al Otro que su violencia implica, antes que por el daño que a otros causa. Esta afirmación puede sin embargo plantear dudas, pues ese Otro, en tanto orden jurídico, puede bien entenderse como la representación de todos los otros que constituyen comunidad. Con lo cual no se trataría del estado protegiéndose a sí mismo, sino protegiendo a la sociedad. Donde las dudas se disipan es cuando se considera, no ya de la violencia de robo del delincuente, sino de la violencia reivindicativa de los huelguistas. Pues si en el caso del primero puede decirse que por su acción dañina él se excluye del contrato social, en el caso de los segundos debe decirse que su acción extorsiva es demanda de mayor inclusión social. Entonces, si se reprime la huelga, no es porque atente contra algún semejante, sino contra el orden de las cosas al momento establecido. Aun si se tratara de una huelga pasiva, el sólo hecho de la inacción supone una forma de extorsión, pues está destinada a forzar modificaciones en las relaciones de trabajo. Vale decir que implica el uso de la fuerza para modificar el contrato laboral colectivo hasta entonces existente, lo cual en la lógica del derecho supone modificar un estado de legitimidad. 

“El momento violento, en forma de chantaje, necesariamente asoma, cuando la reanudación de la actividad interrumpida se liga a condiciones que nada tienen que ver con la actividad o que significan condiciones exteriores a ella” (Benjamin, 1921: 27).

En el límite, el sustrato violento de la huelga se verifica cuando el orden jurídico debe intervenir, con respaldo en la violencia legítima, para sancionar la situación. De modo que lo que en el caso del delincuente es amenaza implícita hacia el orden jurídico, en el caso de los obreros en huelga es extorsión explícita. Si la acción del delincuente supone una violencia que contradice en acto al derecho, y es entendido por éste como una amenaza, la acción de los huelguistas implica esa misma contradicción, mas el agregado de un nuevo término, representado por el intento de modificar el derecho. Lo que en el primero es negación simple y pura, en los segundos es negación dialéctica: se niega al orden jurídico, pero se niega estar negándolo, pues se está proponiendo un nuevo ordenamiento. Este último aspecto es nodal en el planteo benjaminiano porque muestra el carácter fundante de derecho que posee la violencia. Si ese carácter resulta imperceptible en la violencia simple de robo, donde es sólo cuestión de arrebato, es porque ahí es todavía condición de posibilidad para que la fundación ocurra. Pero como condición de posibilidad el robo encierra una legitimidad latente, lista para instalarse como tal. Si el arrebato no funda derecho es porque un poder constituido logra interceptarlo. Pues si esto no ocurriera, si las cosas no fueran retornadas a su lugar, el tiempo sancionaría como propietario al nuevo poseedor del bien usurpado, con lo cual un delito hubiera generado un derecho. Así como no se percibe fácilmente este carácter fundante de la violencia que arrebata, tampoco es a primera vista evidente el carácter violento de la huelga. Pues en ésta, lo que aparece en primer plano es el reclamo por mayores derechos, cuando no de un nuevo derecho, como es el caso de la huelga clasista o de la huelga revolucionaria.

2.-

Esos dos momentos de la violencia fundante ‒negación del orden existente y proposición de un nuevo ordenamiento‒ son en Benjamin enfocados a través de dos sujetos jurídicos distintos: el delincuente y los huelguistas.  Pero hay una situación donde esos momentos se encarnan en un mismo sujeto de derecho. Tal situación es la guerra, cuyo sujeto es el estado. La guerra –explica‒ se presenta en un primer momento como simple violencia de robo, pero antes o después finalizará en una paz firmada, llevando a “que nuevas relaciones sean reconocidas como un nuevo ‘derecho’” (1921: 29). Así, pues, mediante el acto de guerra un estado arrebata bienes jurídicos preexistentes y funda sobre ellos un nuevo ordenamiento. En este sentido considera que en el derecho establecido por una acción beligerante se renueva el origen legendario del orden jurídico, surgido de la violencia mítica. Este origen es el que la tesis freudiana –escrita una década antes‒ sitúa en el asesinato y canibalización del padre de la horda primitiva. De manera que, “si se admite la violencia bélica como origen y modelo de toda violencia que persigue fines naturales, entonces todas esas formas de violencia fundan derecho” (1921: 29).  Esta es la razón por la cual el orden jurídico rechaza a la violencia, aunque ‒como se ve‒ deba aceptar en la guerra y en la huelga aquello que prohíbe en el delincuente. Si lo hace en la primera es porque su violencia ha superado al derecho. Si lo hace en la segunda es para evitar la mayor violencia que una huelga insatisfecha implicaría.

Pero la guerra expone también otra cosa: el hecho que finalice en un pacto fundante muestra que aquello que funda y aquello que es fundado no deben coexistir en un mismo tiempo. Una vez que la violencia instituye un derecho, ella debe desaparecer para dejar que rija lo que se ha instituido. Si la espada funda, no delibera ni gobierna. Este principio, que es propio del derecho moderno, es también observable en lo más profundo de la historia, cuando tras los rituales que sellan la paz las partes retoman los intercambios que de común realizan entre si.  Sin embargo, una vez refundado el derecho, la violencia que lo hace no se desvanece, sino que “pasa a residir en otro lado”, tal como expresa Castoriadis a propósito de la acción instituyente (1975: 195). Salvo que aquí, en el caso del poder constituyente de derecho, ese otro lado es algo más específico que una potencia colectiva residente en lo social. Pues cuando la violencia fundante desaparece de la escena, lo hace –si vale la expresión— para tomarse licencia o acuartelarse, pero permaneciendo vigilante como sustrato del derecho fundado. Ella se transmuta en violencia latente destinada a conservar el orden jurídico, proveyendo a la ley de la fuerza que requiere para tener peso (vg. la institución policial).

La distinción de este tercer momento de la violencia, como violencia conservadora de derecho, es otro de los aspectos nodales en la crítica de Benjamin. En primer término, porque en el sustrato violento del derecho se expone su carácter de sucedáneo del destino. El orden jurídico no sólo toma su cargo todo lo que existe –o todo lo que para la existencia cuenta‒ sino que lo hace bajo un manto coactivo (“la violencia conservadora de derecho es una de las amenazas” ‒1921: 31). El valor de las cosas ya no depende del destino y de su poder de arrancarlas, sino del derecho, en virtud de ese mismo poder de arrancamiento. Pues si en la vida vale aquello de lo cual el destino nos puede privar, entonces lo que en el orden jurídico se constituye como bien, es lo que por valer para la vida vale para el derecho, cayendo por lo tanto bajo su custodia. Esta ecuación mediante la cual las amenazas del mundo natural se trasmutan en amenazas de la organización social –el derecho ocupando el lugar del destino‒ es la que también se encuentra en el trasfondo del Malestar en la cultura que Freud escribe ocho años después. A ambos los reúne la misma travesía espeleológica, buscando en el sustrato del orden instituido las razones ocultas de la primer gran conflagración del siglo XX, así como el temor y temblor por lo que habrá de venir. En este sentido, Para una crítica de la violencia muestra que en el basamento violento del estado y el derecho anidan las fuerzas que estallan en la guerra:

“Si la violencia, una violencia coronada por el destino, es su origen, no será del todo desacertada la presunción, de que esa violencia cumbre sobre la vida y la muerte, al aparecer en el orden del derecho, puede infiltrarse como elemento representativo de su origen en lo existente y manifestarse de forma terrible” (1921: 31).

Esta tesis es retomada y profundizada por Agamben en Hommo sacer (1998) a propósito del Sarajevo de ocho décadas más tarde.

3.-

El aspecto protector, curativo, del derecho, no es en nada desestimable en la medida en que preserva la vida y los bienes. Pero en términos de una crítica de la violencia no debe esquivarse la evidencia que Benjamin expone: esa custodia es armada. Esto significa que el fin humanitario se logra mediante amenaza; significa que la fuerza es el medio utilizado para alcanzar fines jurídicos. Esta perversión del medio, opacada por la bondad del fin, es lo que su crítica pone a la luz. Hay que poder ver por detrás de los beneficios que proporciona, al carácter deprivativo que posee el orden jurídico. Este carácter, que en el texto se expone a través de los ejemplos de la pena de muerte y del servicio militar obligatorio, es el que se expresa siempre que la razón de estado, considerada como el bien mayor, implica el sacrificio de algún otro bien. El orden jurídico comete violencia al incidir en el derecho mediante la fuerza, no ya cuando se funda, sino también cuando se conserva.

En segundo término, la identificación de un momento de conservación de la violencia resulta importante en la crítica benjaminiana porque, al igual que en el caso de los dos anteriores ‒violencia de robo y violencia fundante‒ aquí también al derecho se le plantea un problema de delimitación y legitimación. Así como a la violencia que funda se le exige “acreditación de la victoria” para que su ley valga, a la que conserva al orden jurídico se le exige que no instituya nuevos derechos (1921: 32). La doctrina moderna reconoce como legítimo al orden jurídico fundado tras un acto de guerra. Reconoce incluso la legitimidad de las armas destinadas a garantizar la conservación de ese orden. Pero si el militar victorioso pretendiera devenir legislador, el derecho moderno le exigirá cambiar la espada por la toga. Pues si se legislara con el arma al cinto, se estaría de nuevo ‒o todavía‒ en el desorden bélico y no dentro de un orden jurídico. La fórmula que Benjamín le extrae al derecho es que la violencia es legítima sólo cuando funda o cuando conserva fines jurídicos, no cuando combina ambos momentos. Establecida una república, divididos sus poderes, aquello que el derecho moderno rechaza es la dilución de los límites que los separan: es decir el gobierno por decreto, el juicio sumario, las acusaciones no fundadas en ley previa… Es por eso que, si no las causas primeras de este problema –el pecado original del derecho alumbrado por la violencia‒ al menos sí sus consecuencias son tenidas en cuenta por el mismo orden jurídico. Lo hace cuando intenta superar sus propias contradicciones, llevando por ejemplo la cuestión de la decisión al plano de una categoría metafísica, sujeta siempre a discusión, buscando que ella no implique un poder incuestionable, sino que se constituya en objeto revisable por la crítica del derecho. Donde ello no ocurre, donde se suprime la división entre violencia que funda y violencia que conserva la ley, es “en otra institución del estado moderno: la policía” (1921: 32).

El ciudadano que en los hechos goza de derechos tiende a ver en la policía la sola dimensión de un instrumento para la conservación del orden jurídico, lo cual Benjamin encuentra falso. Sin ingenuidad, ese mismo hombre responderá que es cierto que la violencia legítima, destinada a conservar la ley, suele degradarse en violencia simple de arrebato o robo, trasgrediéndola. Pero agregará de inmediato que ello ocurre cuando la corrupción alcanza a la institución, haciendo que el instrumento se autonomice respecto de su fin. No es esta sin embargo la objeción que plantea el autor de las Iluminaciones. La falsedad del supuesto que ve en la policía un instrumento alineado con la ley se demuestra en el hecho que ella actúa su propia ley. Más acá de la autonomización instrumental de la violencia como medio, que así deriva hacia fines ilícitos, hay en la institución policial una autonomía de fines jurídicos. Existe un derecho de policía que en calidad de ley autónoma emerge en:

“el punto en que el estado, por impotencia o por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden, los propios fines empíricos que persigue a todo precio” (1921: 32).

Esta ley policial no es un desvío sino una continuación de aquello que se supone establece el orden jurídico. Pues la policía legisla de hecho en los espacios y sectores, tanto sociales como jurídicos, donde la legislación establecida no llega, sea por insuficiencia jurídica o por carencia material. No es tanto el ciudadano con goce pleno de derechos quien puede dar buena cuenta de ello, cuanto “los sectores más vulnerables” y aquellas personas a “quienes el estado no siente necesidad alguna de proteger” (ídem).

Es cierto que en el tránsito que va desde el período de entreguerras en que Benjamin escribe su ensayo, hasta la tardía modernidad de nuestros días, en este casi siglo, más de un elemento de ese aspecto ha sido pulido. Al menos en lo que refiere a los instrumentos legales que avalaban al derecho policial, tales como los edictos policiales, las figuras del merodeo o del sospechoso, etc. ‒así como respecto de las legitimaciones de hecho‒  hubo en las últimas décadas del siglo XX un visible avance tendiente a limitarlos. En los países anglosajones y en los del occidente europeo, a partir de los años '50, en un proceso donde las reflexiones de posguerra sobre la violencia no estuvieron ausentes, comienza a haber una mayor consideración por los derechos ciudadanos de los grupos sociales postergados. Luego, a partir de los años ’60, de la mano de los movimientos por los derechos civiles, dicho proceso se acelera, incrementando la sensibilidad de la opinión pública respecto de la

police discretion (Garland, 2001). En lo que hace a los países de la región, la consolidación de los procesos de recuperación democrática, y la legitimación obtenida por las organizaciones de derechos humanos, trajo aparejada una revisión de ese derecho policial. Sin embargo, en los tiempos que corren, en mayor o menor medida según sea el país y el momento histórico-político del cual se trate, cuánto más se aleja un individuo del centro de le escena moderna, mayor cuenta podrá dar de que la policía legisla donde el derecho no alcanza, y por sobre todo, donde no hay intenciones de hacerlo llegar.  Cuánto más en los márgenes de la ciudadana el destino ha situado a un individuo, más siente en su cuerpo que la policía “interviene ‘por razones de seguridad’” donde existe vacío jurídico, insuficiencia estatal o desprotección legal (Benjamin, 1921: 32). De hecho, la policía funda derecho a la manera de los decretos del poder ejecutivo en toda circunstancia en que la realidad supere la previsión legal.  El problema de la discrecionalidad policial no es entonces sólo una cuestión de exceso o desvío en el uso de la fuerza legal, sino lo que se encuentra en la esencia de la institución. Tal es el problema que toda sociedad democrática debe resolver. Si puede decirse que la cuestión policial, en su simplicidad más llana, interpela a la política en sus contenidos filosóficos, es porque la superficie cotidiana de las sociedades que se llaman democráticas, se organiza con el tachonado de una institución en cuyo carácter discrecional se exponen su origen y esencia pre-democráticos. Hay pues respecto de ella una doble tarea a realizar: la reforma de las policías existentes, y la construcción del saber que en su formación debe recibir un policía.

 


Bibliografía

Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Valencia: Pre-textos, 1998.

Benjamin, Walter, Iluminaciones IV.- Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Madrid: Taurus, 1921 [1998].       

Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona: Tusquets, 1975 [1983].

Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, O. C. t. III, Madrid: Biblioteca Nueva, 1929 [1945].

Freud, Sigmund, Tótem y tabú, O. C. t. II, Madrid: Biblioteca Nueva, 1912-3 [1945].

Garland, David, La cultura del control, Barcelona: Gedisa, 2001 [2005].

Girard, René, El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama, 1982 [2002].

L’Hulliet,  Hélène, Basse politique, haute police. Paris: Fayard  2001.

 


[1] Siguiendo a Foucault, dice la autora que « la police recouvre en effet le champ du réel de la politique. Le ‘bas’ de la politique est la politique effective » (L’Hulliet, 2001 : 11).

 

 

 

ame="_ftn1" title="">[1] Siguiendo a Foucault, dice la autora que « la police recouvre en effet le champ du réel de la politique. Le ‘bas’ de la politique est la politique effective » (L’Hulliet, 2001 : 11).

 

 

 

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17:01hs, 8 de Febrero de 2012 (GMT)